
Diego Aros, ingeniero agrónomo
La administración y asignación de los recursos hídricos en Chile ha experimentado una profunda transformación institucional y técnica en las últimas décadas. El régimen jurídico se encuentra regulado principalmente por el Código de Aguas (DFL N.º 1.122 de 1981), sus modificaciones legales y reglamentarias, y las normas e instrucciones dictadas por la Dirección General de Aguas (DGA). En este marco, los derechos de aprovechamiento de aguas provisionales constituyen una figura particular del régimen aplicable a las aguas subterráneas.
Comprender la naturaleza de los derechos provisionales exige considerar las características hidrogeológicas de los Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC), las reglas aplicables a las áreas de restricción y los cambios introducidos por la Ley N.º 21.435. A continuación, se analiza qué son estos derechos, bajo qué condiciones pueden otorgarse, las facultades de la DGA para limitar o suspender su ejercicio, las obligaciones de monitoreo, su situación registral y las reglas de vigencia aplicables.
Un Derecho de Aprovechamiento de Aguas (DAA) es un derecho real que recae sobre las aguas y habilita a su titular a utilizarlas conforme a las reglas, requisitos y limitaciones establecidas en el Código de Aguas.
En materia de aguas subterráneas, la Dirección General de Aguas puede declarar un Área de Restricción cuando exista riesgo de grave disminución de un acuífero, con el consiguiente perjuicio para derechos de terceros, o cuando los antecedentes técnicos demuestren que se encuentra en peligro su sustentabilidad.
Una vez declarada un Área de Restricción, la DGA no puede otorgar nuevos derechos de aprovechamiento definitivos. De manera excepcional, y previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, puede conceder derechos provisionales siempre que no se afecten derechos preexistentes ni la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores de él.
El carácter provisional implica que la DGA puede limitar total o parcialmente estos derechos, dejarlos sin efecto o suspender total o parcialmente su ejercicio cuando se constate una afectación temporal a la sustentabilidad del acuífero o perjuicios a los derechos de aprovechamiento ya constituidos, mientras dichas circunstancias se mantengan.
La Ley N.º 21.435, publicada el 6 de abril de 2022, modificó el régimen general de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Conforme al artículo 6 del Código de Aguas, los derechos que se originan mediante concesión tienen una duración de 30 años. Si la autoridad considera que corresponde otorgarlos por un plazo menor, debe justificarlo mediante resolución fundada, considerando la disponibilidad de la fuente y, cuando corresponda, la sustentabilidad del acuífero.
La duración del derecho se prorroga por el solo ministerio de la ley y sucesivamente, salvo que la DGA acredite mediante resolución fundada el no uso efectivo del recurso o una afectación a la sustentabilidad de la fuente en los términos previstos por el Código. En el caso de los derechos provisionales, a estas reglas generales se agregan las facultades específicas de limitación, suspensión o término establecidas en el artículo 66.
La entrada en vigencia de la Ley N.º 21.435, el 6 de abril de 2022, marca una distinción relevante. Los Derechos de Aprovechamiento de Aguas reconocidos o constituidos antes de esa fecha continúan vigentes conforme a las disposiciones transitorias de la reforma. Los derechos constituidos bajo el régimen posterior se sujetan a las nuevas reglas de temporalidad y ejercicio. En el caso de solicitudes o procedimientos iniciados antes de la reforma y resueltos posteriormente, debe revisarse el régimen transitorio aplicable a cada situación concreta.
Antes de la reforma introducida por la Ley N.º 21.435, el artículo 67 del Código de Aguas contemplaba un mecanismo mediante el cual los derechos provisionales podían transformarse en definitivos una vez transcurridos cinco años de ejercicio efectivo en los términos concedidos, siempre que los titulares de derechos ya constituidos no demostraran haber sufrido daños.
La transformación no operaba automáticamente: debía ser solicitada por el interesado y declarada por la DGA, previa comprobación del cumplimiento de las condiciones legales. Los derechos provisionales constituidos bajo ese régimen no estaban sujetos, por su origen, a un plazo de concesión de treinta años.
La Ley N.º 21.435 sustituyó el artículo 67 y el Código vigente ya no contempla ese mecanismo general de transformación después de cinco años. Por ello, cualquier situación o procedimiento iniciado bajo el régimen anterior debe analizarse según sus antecedentes y las disposiciones transitorias aplicables.
Para los derechos provisionales constituidos bajo el régimen vigente desde la reforma de 2022:
La figura de los derechos provisionales regulada por el artículo 66 del Código de Aguas corresponde al régimen de aguas subterráneas en áreas de restricción.
Las aguas subterráneas se encuentran almacenadas y circulan en acuíferos cuyo comportamiento debe evaluarse mediante antecedentes hidrogeológicos, niveles de explotación y condiciones de sustentabilidad. Por ello, el Código contempla herramientas específicas de gestión para los Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común, entre ellas las áreas de restricción y los derechos provisionales.
En las aguas superficiales no existe esta categoría de derecho provisional del artículo 66. El Código distingue, entre otras clasificaciones, derechos de ejercicio permanente y derechos de ejercicio eventual.
Los derechos de ejercicio eventual facultan para usar el agua cuando el caudal de la fuente presenta un sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente. Por lo tanto, un derecho eventual no debe considerarse equivalente a un derecho provisional.
Los nuevos derechos originados mediante concesión se sujetan a las reglas generales de duración del artículo 6, sin que ello altere la diferencia jurídica entre un derecho eventual y un derecho provisional.
Declarada un Área de Restricción, la DGA puede conceder excepcionalmente derechos provisionales, previo informe técnico de disponibilidad a nivel de la fuente de abastecimiento, siempre que no se afecten derechos preexistentes ni la sustentabilidad del acuífero o de uno o más sectores de él. La decisión debe fundarse en antecedentes técnicos del respectivo SHAC.
Los Derechos de Aprovechamiento de Aguas subterráneas deben indicar en su título el caudal máximo instantáneo y el volumen total anual. En el caso de los derechos provisionales, la magnitud concedida dependerá de la disponibilidad determinada técnicamente por la DGA y de las condiciones establecidas en la respectiva resolución. No existe una regla general que permita afirmar que todas las solicitudes se reducen mediante un mismo factor o porcentaje.
Los titulares de derechos concedidos en áreas de restricción y zonas de prohibición deben instalar y mantener sistemas de medición de caudales y volúmenes extraídos, control de niveles freáticos y transmisión de la información. La DGA determina mediante resolución fundada los plazos y condiciones técnicas para cumplir estas obligaciones y debe comenzar su implementación por los derechos provisionales.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a las multas y sanciones previstas en los artículos 173 y siguientes del Código de Aguas. Además, la DGA conserva las facultades especiales del artículo 66 para limitar, suspender o dejar sin efecto los derechos provisionales cuando concurran las condiciones legales.
Por otra parte, el artículo 67 establece que, cuando la suma de los derechos definitivos y provisionales existentes en un Área de Restricción comprometa toda la disponibilidad determinada técnicamente, dicha área deberá ser declarada Zona de Prohibición para nuevas explotaciones. La DGA puede revisar las circunstancias del área en cualquier momento y debe reevaluarlas obligatoriamente transcurridos cinco años desde su declaración.
La Contraloría General de la República ejerce control preventivo de juridicidad respecto de aquellos actos administrativos que, conforme a la Constitución, las leyes y las normas dictadas por la propia Contraloría, se encuentran afectos al trámite de Toma de Razón.
La Resolución N.º 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, en su texto vigente, contempla expresamente entre las materias afectas a Toma de Razón las declaraciones de reducción, prohibición, restricción, reserva, agotamiento y escasez previstas en el Código de Aguas. Por ello, las declaraciones de Áreas de Restricción y Zonas de Prohibición se encuentran sujetas a este control preventivo.
Distinta es la situación de las resoluciones individuales mediante las cuales la DGA concede un derecho provisional. No corresponde afirmar como regla general que cada una de ellas esté necesariamente afecta a Toma de Razón por el solo hecho de otorgar un derecho provisional. Cada acto debe analizarse según las normas de control aplicables a su materia y naturaleza.
Los derechos provisionales presentan un régimen registral particular y se anotan en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas de Carácter Provisional del Catastro Público de Aguas. Por ello, antes de efectuar una operación sobre un derecho provisional es indispensable revisar la resolución que lo constituyó, su vigencia, las limitaciones que lo afectan y sus antecedentes registrales.
El Código de Aguas establece, como regla general, que los actos y contratos traslaticios de dominio de Derechos de Aprovechamiento de Aguas deben constar en escritura pública y que la tradición de los derechos inscritos se efectúa mediante la inscripción del título en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente. El Catastro Público de Aguas de la DGA cumple una función administrativa de información y registro, pero no reemplaza al Registro de Aguas del Conservador ni acredita por sí solo el dominio.
En consecuencia, antes de comprar o transferir un derecho provisional debe verificarse su situación particular tanto ante la DGA como, cuando corresponda, ante el Conservador de Bienes Raíces, y determinar las formalidades aplicables al título específico. La transferencia no convierte un derecho provisional en definitivo ni elimina las facultades que el artículo 66 entrega a la DGA para limitarlo, suspender su ejercicio o dejarlo sin efecto.
Los derechos originados mediante concesión tienen una duración de treinta años, salvo que la autoridad establezca un plazo menor mediante resolución fundada. Su duración se prorroga por el solo ministerio de la ley y sucesivamente, excepto cuando la DGA acredite mediante resolución fundada el no uso efectivo del recurso o una afectación a la sustentabilidad de la fuente en los términos previstos por el Código.
El titular puede solicitar anticipadamente la prórroga dentro de los diez años anteriores al vencimiento. Por lo tanto, no existe una obligación general de presentar una solicitud de renovación inmediatamente antes de expirar el derecho para conservarlo.
Los Derechos de Aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.435 continúan vigentes conforme a las disposiciones transitorias y no quedaron sometidos, por el solo efecto de la reforma, a un plazo de concesión de treinta años. Sin embargo, su ejercicio, goce y cargas quedan sujetos a las normas vigentes del Código.
En el régimen anterior existía un mecanismo para solicitar la transformación de determinados derechos provisionales en definitivos después de cinco años de ejercicio efectivo. La reforma de 2022 sustituyó el artículo 67 y esa regla general ya no forma parte del Código vigente. Las situaciones iniciadas bajo el régimen anterior deben revisarse caso a caso.
En materia registral, los derechos constituidos por acto de autoridad competente que al 6 de abril de 2022 no estuvieran inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas correspondiente deberán inscribirse antes del 6 de abril de 2032. Ese plazo fue ampliado por la Ley N.º 21.841, publicada el 9 de octubre de 2026. El incumplimiento puede producir la caducidad en los casos contemplados por la disposición transitoria.
La falta de incorporación al Catastro Público de Aguas es una cuestión distinta: puede generar sanciones y restricciones para realizar actuaciones ante la DGA, pero no debe confundirse con la caducidad por falta de inscripción conservatoria.
Respecto de la extinción por no uso de derechos preexistentes, la reforma contempla reglas especiales y procedimientos específicos. No corresponde afirmar de manera general que todos los derechos antiguos se extinguen cinco años después de la reforma o cinco años después de su resolución de otorgamiento.
Al contrastar las distintas figuras presentes en el mercado hídrico chileno, se evidencian diferencias operativas esenciales entre cada categoría:
No. La compra del predio o la transferencia del derecho no modifica su naturaleza jurídica. El derecho seguirá siendo provisional y continuará sujeto a las condiciones establecidas en su resolución y a las facultades que el artículo 66 entrega a la DGA. Antes de una operación debe revisarse su resolución de origen, su situación registral y sus antecedentes en el Catastro Público de Aguas.
El Código de Aguas vigente ya no contempla el antiguo mecanismo general que permitía solicitar la transformación después de cinco años de ejercicio efectivo. Esa regla correspondía al artículo 67 anterior a la Ley N.º 21.435. Las situaciones iniciadas bajo el régimen anterior deben revisarse según sus antecedentes y las disposiciones transitorias aplicables.
Porque esta figura forma parte del régimen especial de explotación de aguas subterráneas en Áreas de Restricción. En aguas superficiales existe, entre otras, la categoría de derechos de ejercicio eventual, que es jurídicamente distinta y permite usar el recurso cuando existen sobrantes después de abastecidos los derechos permanentes.
No corresponde afirmarlo como regla general. La normativa vigente somete expresamente a Toma de Razón determinadas materias del Código de Aguas, entre ellas las declaraciones de restricción y prohibición. Una resolución individual que concede un derecho provisional no está afecta necesariamente a ese trámite por el solo hecho de otorgar un derecho de esta naturaleza.
No. Los derechos constituidos antes del 6 de abril de 2022 no quedaron sometidos, por el solo efecto de la reforma, a una renovación periódica cada treinta años. Sin embargo, deben cumplir las obligaciones registrales y de uso que correspondan. Los derechos constituidos por acto de autoridad que al 6 de abril de 2022 no estuvieran inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas deben cumplir esa inscripción antes del 6 de abril de 2032, conforme a la Ley N.º 21.841. Además, los derechos antiguos pueden quedar sujetos a las reglas transitorias y vigentes sobre no uso, según las características de cada derecho.
Los derechos provisionales requieren una revisión especialmente cuidadosa de su resolución de origen, su situación registral, las condiciones hidrogeológicas del sector y las limitaciones que pueden afectar su ejercicio. Antes de comprar, vender o evaluar un derecho de esta naturaleza, es importante analizar conjuntamente sus antecedentes técnicos y jurídicos.
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